El pasado 17 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) emitió una sentencia histórica en la cual le ordena al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) generar información estadística desagregada sobre la población en asentamientos informales o precarios en todo el territorio nacional. Esta resolución pone sobre la mesa la discusión sobre el papel que pueden y debieran tener las y los jueces al adoptar decisiones que impactan de manera directa en el urbanismo, el ordenamiento territorial, nuestras ciudades y nuestras viviendas.
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